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Anzoátegui: Militares amenazan e impiden trabajo de equipo reporteril

Limitaciones de acceso a información de interés público,Uso Abusivo del Poder Estatal | Publicado el Sábado, 4 julio de 2015, a las 5:34 PM

El jueves 2 de julio de 2015, el periodista José Madrid  y la reportero gráfica Astrid Villardel, ambos pertenecientes al diario El Tiempo de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, fueron amedrentados por efectivos de la Policía del Estado Anzoátegui (Polianzoátegui) cuando se encontraban dando cobertura a un disturbio que se producía en las afueras de una cadena de supermercados.

El equipo reporteril llegó al supermercado Unicasa del centro comercial Plaza Mayor, en Lechería, estado Anzoátegui, ese jueves a las 8:30 am, pues habían sido notificados que la venta de leche en polvo había generado una confrontación de personas y había conato de peleas y saqueos.

Una vez en el sitio, se dieron cuenta de que un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y una comisión de Polianzoátegui, cuerpos de seguridad del Estado, ya habían controlado el presunto disturbio y vigilaban la venta del producto de primera necesidad. No obstante, las quejas de los usuarios se dirigían a que estaban siendo maltratados por los uniformados, así que los ánimos de los consumidores estaban caldeados y el gerente del establecimiento decidió cerrar las puertas.

Madrid y Villardel recogían testimonios y hacían gráficas en la cola cuando agentes de la policía estatal los conminaron a acompañarlos hacia un lugar fuera de la multitud. Una vez separados de la gente, les obligaron a borrar las gráficas de las colas o de lo contrario serían detenidos, pues estaba prohibido tomar esa clase de fotos. El efectivo incluso les exigió mostrar las imágenes guardadas en sus celulares. Aunque Villardel aparentó que borraba las fotos, en realidad estaba eliminando unas imágenes viejas que tenía de otra cola. Tras el incidente, decidieron marcharse pues estaban siendo constantemente vigilados por los efectivos policiales.

Ese hecho se enmarca en una categoría de uso abusivo del poder estatal vinculado a limitación a la cobertura de asuntos de interés público.

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