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Día Mundial Contra la Impunidad 2014

Leyes venezolanas contribuyen a la impunidad

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Ciudadanos, artistas, blogueros, músicos y periodistas del mundo  han sido acosados, amenazados, torturados, intimidados y encarcelados por ejercer su derecho humano fundamental a la libertad de expresión, y la mayoría de estos  crímenes quedan impunes. En Venezuela, donde en la práctica no existe separación de los poderes ejecutivo y judicial, y donde las leyes contienen dispositivos que cercenan la libertad de expresión, por lo general los ciudadanos desestiman la posibilidad de denunciar  estos atropellos.

Hoy justamente, la Sociedad Interamericana de Prensa, a través de la agencia de noticias EFE, denunciaba que Venezuela y Ecuador cuentan con el sistema legal más “perfecto” para la censura en América Latina. En el caso de Venezuela, este problema jurídico pareciera tener su origen mismo en la Constitución de 1999, en la que se sujeta el derecho a expresarse a adjetivos como “veraz e imparcial” y “oportuna”, una práctica criticada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13 por considerarlo una limitación previa.

Este condicionamiento, según escriben David Matos y Claudia Macero en su tesis de pregrado de Comunicación Social, también está arropado por el artículo 5 de la Ley de Ejercicio del Periodismo en Venezuela de 1994, donde se expone que el pueblo tiene derecho a ser informado “veraz e íntegramente”.

Para citar otro ejemplo, entre 1999 y 2005 fueron aprobadas seis leyes que hacen referencia al derecho a la información, como son la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, donde se abordan aspectos como la suspensión de transmisiones según los intereses de la Nación, la imposibilidad de que se suspenda el derecho a la información –incluso o justamente en casos de Estado de Excepción-, acceso a la información referente a la gestión de los funcionarios públicos y otros aspectos que en conjunto complementan el derecho a la información.

De la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel), el artículo 192 permite al Presidente de la República ordenar a los medios de comunicación radioeléctricos la transmisión gratuita de mensajes oficiales, lo que puede derivar en una “limitación al derecho a la información”, porque reduce las posibilidades que tienen los ciudadanos de acceder a una información distinta a la que se transmite en “cadena”.

La Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (Ley Resorte), aprobada en el 2.004, cuenta con 35 artículos y unas 78 infracciones, lo cual la calificaría como una ley “punitiva”. Y a esto se suma el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público, que obliga a estos medios a transmitir contenidos determinados por el Estado.

Finalmente, el  CESPPA (Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria), es uno de los “mejores” ejemplos de esta situación jurídica que pone a la libertad de expresión, a los ciudadanos y periodistas en una posición de vulnerabilidad a la hora de ejercer el derecho a disentir y a los ciudadanos en su derecho a elegir. Y existen tres nuevas propuestas de leyes,  decenas de sentencias y procesos judiciales contra medios de comunicación, periodistas y ciudadanos, además de detenciones arbitrarias, amenazas y vilipendio.

En este contexto, y según un estudio de percepción realizado en 2014 por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) “La orden es el silencio. Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación de Venezuela”, 72 de cada 100 periodistas no presentan denuncias ante la Fiscalía, pues de plano consideran que el sistema judicial es ineficiente ante sus demandas.

Desde 2011, IPYS Venezuela se ha venido sumando a una campaña mundial contra la impunidad, promovida por IFEX, cuyo objetivo es acabar con la falta de respuestas oficiales ante los crímenes contra la libertad de expresión. Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, cuando se conmemora la masacre de Ampatuan en Filipinas, que dejó a 32 periodistas y trabajadores de los medios asesinados, IPYS Venezuela estará promoviendo acciones en el marco de esta campaña y publicando informaciones en su página Web y en las redes sociales. Los invitamos a sumarse, utilizando el Hashtag  #FinALaImpunidad.

Campaña de IFEX contra la impunidad 2014 

http://daytoendimpunity.org/

¿Cuál es la campaña de Fin Impunidad?

Leyes venezolanas contribuyen a la impunidad

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Ciudadanos, artistas, blogueros, músicos y periodistas del mundo  han sido acosados, amenazados, torturados, intimidados y encarcelados por ejercer su derecho humano fundamental a la libertad de expresión, y la mayoría de estos  crímenes quedan impunes. En Venezuela, donde en la práctica no existe separación de los poderes ejecutivo y judicial, y donde las leyes contienen dispositivos que cercenan la libertad de expresión, por lo general los ciudadanos desestiman la posibilidad de denunciar  estos atropellos.

Hoy justamente, la Sociedad Interamericana de Prensa, a través de la agencia de noticias EFE, denunciaba que Venezuela y Ecuador cuentan con el sistema legal más “perfecto” para la censura en América Latina. En el caso de Venezuela, este problema jurídico pareciera tener su origen mismo en la Constitución de 1999, en la que se sujeta el derecho a expresarse a adjetivos como “veraz e imparcial” y “oportuna”, una práctica criticada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13 por considerarlo una limitación previa.

Este condicionamiento, según escriben David Matos y Claudia Macero en su tesis de pregrado de Comunicación Social, también está arropado por el artículo 5 de la Ley de Ejercicio del Periodismo en Venezuela de 1994, donde se expone que el pueblo tiene derecho a ser informado “veraz e íntegramente”.

Para citar otro ejemplo, entre 1999 y 2005 fueron aprobadas seis leyes que hacen referencia al derecho a la información, como son la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, donde se abordan aspectos como la suspensión de transmisiones según los intereses de la Nación, la imposibilidad de que se suspenda el derecho a la información –incluso o justamente en casos de Estado de Excepción-, acceso a la información referente a la gestión de los funcionarios públicos y otros aspectos que en conjunto complementan el derecho a la información.

De la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel), el artículo 192 permite al Presidente de la República ordenar a los medios de comunicación radioeléctricos la transmisión gratuita de mensajes oficiales, lo que puede derivar en una “limitación al derecho a la información”, porque reduce las posibilidades que tienen los ciudadanos de acceder a una información distinta a la que se transmite en “cadena”.

La Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (Ley Resorte), aprobada en el 2.004, cuenta con 35 artículos y unas 78 infracciones, lo cual la calificaría como una ley “punitiva”. Y a esto se suma el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público, que obliga a estos medios a transmitir contenidos determinados por el Estado.

Finalmente, el  CESPPA (Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria), es uno de los “mejores” ejemplos de esta situación jurídica que pone a la libertad de expresión, a los ciudadanos y periodistas en una posición de vulnerabilidad a la hora de ejercer el derecho a disentir y a los ciudadanos en su derecho a elegir. Y existen tres nuevas propuestas de leyes,  decenas de sentencias y procesos judiciales contra medios de comunicación, periodistas y ciudadanos, además de detenciones arbitrarias, amenazas y vilipendio.

En este contexto, y según un estudio de percepción realizado en 2014 por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) “La orden es el silencio. Censura y Autocensura en periodistas y medios de comunicación de Venezuela”, 72 de cada 100 periodistas no presentan denuncias ante la Fiscalía, pues de plano consideran que el sistema judicial es ineficiente ante sus demandas.

Desde 2011, IPYS Venezuela se ha venido sumando a una campaña mundial contra la impunidad, promovida por IFEX, cuyo objetivo es acabar con la falta de respuestas oficiales ante los crímenes contra la libertad de expresión. Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, cuando se conmemora la masacre de Ampatuan en Filipinas, que dejó a 32 periodistas y trabajadores de los medios asesinados, IPYS Venezuela estará promoviendo acciones en el marco de esta campaña y publicando informaciones en su página Web y en las redes sociales. Los invitamos a sumarse, utilizando el Hashtag  #FinALaImpunidad.

Campaña de IFEX contra la impunidad 2014 

http://daytoendimpunity.org/

¿Cuál es la campaña de Fin Impunidad?